Las intervenciones perjudiciales para el bienestar social y el medio ambiente ecológicamente equilibrado han sido responsabilizadas civil, penal y administrativamente. A pesar de prevista en la Ley nº 9.605/1998, la conversión de multas en servicios ambientales se convirtió en política pública federal con la promulgación del Decreto nº 9.179/2017. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar si ese instituto ha sido capaz de ejercer una función educativa y de promoción de la sostenibilidad, a diferencia de la sanción administrativa que tiene un sesgo más punitivista. Los resultados mostraron que las últimas modificaciones legislativas, así como la conversión de multas ambientales, a pesar de tener una perspectiva más negociadora y plurilateral para la solución de conflictos de materia administrativa, han convertido en la política ambiental menos proteccionista, más enfocada en el post-daño ambiental.